El viernes 24 de Marzo, en la Sala de Sesiones "Héroes de Malvinas", se llevó adelante la Sesión Especial con motivo del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia (Decreto 157/2012).

En la ocasión hicieron uso de la palabra la Concejal Silvia Cappelletti en representación de UCR Juntos y el Concejal Claudio Prizzi por el Frente de Todos.

Documento del Bloque del Frente de Todos (Claudio Prizzi)

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Cada 24 de marzo conmemoramos en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983.

Recordar cada 24 de marzo en conmemoración, nos invita a una reflexión crítica y pedido de justicia.

El refugio de la palabra explica los sentidos del sinsentido de la historia. Allí en la mirada de la crueldad, la deshumanización de los actos, los temblores de la injusticia y la agonía del pueblo, se encuentra la memoria para no olvidar.

El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado que instauró una nueva dictadura militar en el país profundizó un proceso de disciplinamiento y reorganización de la sociedad argentina.

Una Junta Militar se erigió como la máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno y reemplazar y designar a todos los funcionarios. Implantada para revertir la movilización social y política de los años 60' e inicios de los 70', la dictadura autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional" instaló el Estado de Sitio; consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; removió los poderes ejecutivos y legislativos, nacionales y provinciales; cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales; declaró en comisión a todos los jueces; suspendió la actividad de los partidos políticos; intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; prohibió el derecho de huelga; anuló las convenciones colectivas de trabajo; instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas.

Además de represión y silenciamiento, las políticas de la dictadura generaron condiciones favorables para el abandono de la profundización industrial, la especulación financiera, el endeudamiento externo, la estatización de deudas privadas y la comisión de delitos económicos por parte de funcionarios públicos y empresarios del sector privado.

El Estado controlado por los militares empleó sistemáticamente el terror desde las instituciones públicas y también desde estructuras clandestinas. Como explica el historiador Luciano Alonso, la magnitud de la empresa represiva y su articulación con métodos de control sobre la educación, los medios de comunicación y las mismas formas de la vida cotidiana superaron con mucho la idea de la "guerra contra la subversión" que obró como el principal elemento legitimador del gobierno dictatorial.

El régimen de violencia se distinguió por su intensidad, transversalidad y capilaridad, su carácter secreto y el recurso regular a la desaparición forzada.

Las técnicas de violencia aplicadas alcanzaron un grado máximo y el nivel de aniquilamiento de opositores fue superior al de las otras dictaduras del Cono Sur. La dispersión del conflicto por toda la sociedad facilitó el desarrollo de un terror colectivo. La represión se dirigió sistemáticamente contra agentes colectivos e individuales que se entendían efectiva o potencialmente subversivos, pero fue transversal a la sociedad -aunque no la abarcara completamente- y produjo una profunda desarticulación de los espacios de resistencia.

Para inicios de 1976, el ejercicio de la violencia represiva había anulado la capacidad operativa de las organizaciones político-militares revolucionarias y promovía algo mucho más profundo: la retracción de la participación popular en la vida política y en las luchas sociales.

Con el paso de un gobierno constitucional reaccionario a la dictadura militar se articuló la planificación y estructura jerárquica de la represión desde el más alto nivel de Estado nacional hasta los "grupos de tareas" encargados de los secuestros, torturas, desapariciones y robos. Las detenciones legales y clandestinas, así como el método de desaparición forzada, tuvieron como principal objetivo a los miembros de las organizaciones guerrilleras y sus agrupaciones colaterales, pero también abarcaron un espectro muy amplio de militantes sociales y políticos.

Las agrupaciones de Derechos Humanos que promovieron desde hace décadas su conmemoración muestran al resto de la sociedad, al mundo y al futuro los horrores de la violencia estatal, las limitaciones de la democracia en tanto no se resuelvan los crímenes de Estado, los legados del triunfo de una política y cultura reaccionaria y el trabajoso camino de la búsqueda de justicia.

También en el "24 de marzo" recuperan la importancia de las luchas sociales y políticas de entonces, indispensables para entender lo que estaba en juego.

El nacimiento de una democracia condicionada Si bien en los primeros años de la dictadura solo los miembros de las organizaciones guerrilleras (rápidamente desarticuladas) y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado se atrevieron a oponérsele abiertamente, a partir del año 1979 algunos grupos sindicales y partidarios empezaron a movilizarse en contra del gobierno de facto. En ese año, el Partido Justicialista entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento denunciando las múltiples violaciones a los derechos humanos que ocurrían en el país.

En 1981, el PJ, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo formaron la "Multipartidaria", una confluencia de los principales partidos políticos para influir sobre el gobierno militar en procura de una vuelta a la democracia. En este contexto, y amparados por el evidente fracaso de una política económica liberal ortodoxa que generó una profunda caída del poder adquisitivo de los salarios y un creciente proceso inflacionario junto con los procesos de endeudamiento externo, aumento de la pobreza, desindustrialización y vaciamiento de las empresas estatales antes mencionados, los sectores opositores desarrollaron actividades importantes a fines de 1981 y principios del año siguiente.

En marzo de 1982 una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) terminó con una violenta represión en la Plaza de Mayo. La dictadura, consciente de su creciente debilidad, intentó un "salto al vacío" (o, mejor, "huida hacia adelante").

. La dictadura tuvo que organizar desordenadamente su retirada y llamar a elecciones para finales del año siguiente, al tiempo que iban tomando estado público las aberraciones cometidas.

Recordar la fecha, preguntarnos por qué fue posible el terrorismo de Estado, indagar acerca de sus partícipes y colaboradores atendiendo a la complejidad de la trama que le dio forma y lo sostuvo, y entender sus hondas consecuencias, es una tarea ineludible que tenemos como sociedad para recomponer lo colectivo y mejorar nuestro presente.

Documento del Bloque UCR Juntos (Silvia Cappelletti)

24 de marzo: Día de la memoria, la verdad y la justicia

SOMOS EL GRITO DE LA LIBERTAD

Hoy se cumplen 47 años del golpe que dio comienzo al período más sombrío de la historia argentina. El 24 de marzo de 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, instauró una dictadura cívico-militar que quebró el orden democrático, y desarticuló la participación política con una metodología cruel y criminal: la tortura, la muerte y la desaparición forzada de personas.

Tanto dolor dejó una profunda herida en la sociedad argentina, que nos acompaña hasta el presente. En un día como hoy, nuestro pensamiento más profundo y consternado va con calidez y respeto hacia las víctimas del terrorismo de estado: los desaparecidos, los sobrevivientes, los exiliados, las madres, los padres, las abuelas y los hijos.

El Radicalismo tuvo un rol protagónico en la recuperación de la democracia y bajo la consigna de "Somos la Vida, Somos la Paz", se puso a la vanguardia de la lucha por el respeto y vigencia de los Derechos Humanos y el régimen democrático y republicano en la Argentina. Este proceso se coronó con la determinación política de Raúl Alfonsín de poner a disposición los resortes institucionales necesarios para que el terror, el miedo y la violencia rindan cuentas frente a los estrados judiciales en la Argentina.

La película Argentina 1985, candidata al Oscar, es una buena oportunidad para revisitar y dimensionar lo que era vivir en aquellos tiempos oscuros en que, aun en democracia, las Fuerzas Armadas mantenían su impunidad y acechaban al poder político y judicial. La película, protagonizada por Ricardo Darín, como el Fiscal Strassera, y Peter Lanzani, como Luis Moreno Ocampo, retrata la importancia que tuvo la juventud en hacer justicia y en defender contra viento y marea la democracia, en un contexto donde aún regía el apoyo a la dictadura por parte de sectores de la sociedad civil.

El juicio a las juntas, es sin dudas el juicio más importante de la historia argentina y un antecedente único en materia de derecho internacional, siendo el único caso donde la justicia civil de un país, pudo enjuiciar en su suelo a los responsables del terrorismo de estado. Esta experiencia nos demuestra que todos tenemos la responsabilidad de poner de pie y transformar la Argentina. Comprometernos activamente y organizarnos políticamente desde el lugar que nos toque, es fundamental para sostener los logros del pasado y alcanzar las soluciones que nuestra sociedad necesita. Ayer, hoy y siempre, hagamos memoria y asumamos el desafío.

Luego se invitó a que hiciera uso de la palabra el Señor Intendente Municipal Ramón J. Capra y tras su alocución se cerró la Sesión Especial.